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Nueva ley petrolera en Bolivia

Una polémica nueva ley petrolera de Bolivia, que entre otros cambios dispone un fuerte aumento de los impuestos a las empresas del sector, fue puesta en vigencia el martes directamente por el Congreso ante la negativa del presidente Carlos Mesa a promulgarla o vetarla. El presidente del Congreso, el senador Hormando Vaca Díez, firmó la ley apenas horas después de que Mesa optara por la abstención ante la medida cuyo trámite parlamentario duró diez meses, tras un referendo en el que los bolivianos votaron mayoritariamente por cambiar las reglas de juego de la vital industria de hidrocarburos. "No tengo otra salida que firmar el documento y promulgar esta ley ante la negativa del presidente Carlos Mesa. Ahora sólo pido que haya unidad en el país", dijo Vaca Díez.

Mesa justificó la noche del martes su decisión de no promulgar ni vetar la polémica ley. "Ya dije el 6 de marzo que no había la posibilidad que yo firme y promulgue esa ley de hidrocarburos (...) porque fu! e una ley hecha por el parlamento... pero mi responsabilidad es asumir la administración de esa ley", destacó en una alocución por radio y televisión, acompañado de sus ministros. Mesa también presentó su programa económico-social "Bolivia productiva y solidaria" para el período 2005-2007, que contiene unos 50 decretos supremos y que apunta principalmente a reducir el déficit fiscal de 5,7 a 5% del Producto Bruto Interno, generar nuevos empleos y superar los US$ 2.100 millones por exportaciones.

Sin embargo, las empresas petroleras agrupadas en la Cámara Boliviana de Hidrocarburos expresaron por escrito su "gran preocupación y frustración a la promulgación de la nueva ley de hidrocarburos". Las petroleras que operan en Bolivia consideran que esta ley tiene un "carácter confiscatorio que afecta derechos reconocidos por los contratos, las leyes, la Constitución Política del Estado y los convenios internacionales".

Además, han señalado que "dicha d! ecisión afectará negativamente las futuras inversiones y el desarrollo de la industria en circunstancias en las que el país más lo necesita". "Cada empresa tomará las medidas adecuadas, dentro del más riguroso respeto de la legalidad, a fin de proteger sus derechos", precisó a Reuters un portavoz de la Cámara Boliviana de Hidrocarburos. Por su parte, el presidente de la Confederación de Empresarios, Roberto Mustafá, criticó a Mesa y al Congreso boliviano por "promulgar una ley que condena a Bolivia al subdesarrollo porque no vamos a tener más inversiones extranjeras". No obstante, el analista y experto constitucionalista José Luis Gutiérrez dijo que no habrá ninguna consecuencia jurídica con la decisión de Mesa, porque el artículo 78 de la constitución boliviana faculta al Congreso a promulgar una ley que no es aprobada u observada en 10 días por el presidente de la república.

"El presidente Mesa se decidió por la omisión", dijo Gutiérrez, lamentand! o que ello haya ocurrido porque "crea una mala imagen a nivel internacional". Evo Morales, diputado indígena que lidera al Movimiento Al Socialismo (MAS), el principal partido de oposición, dijo estar sorprendido por "la salida salomónica del presidente", y anunció que presentaría un proyecto para modificar al menos cinco artículos de la nueva ley de hidrocarburos. La abstención de Mesa había sido anunciada al mediodía por el ministro de la presidencia, José Antonio Galindo, al cumplirse el plazo constitucional que Mesa tenía para firmar o vetar la ley sancionada el 5 de mayo por el congreso.

Con su abstención, Mesa dio paso a la ley que había calificado previamente como "confiscatoria", pero dejó el acto formal de promulgación en manos del presidente del Congreso, mientras sectores sindicales y campesinos realizan movilizaciones en demanda de una ley más dura e inclusive una nacionalización de la industria petrolera. La nueva ley de hidrocarburos oblig! a a las empresas petroleras que operan en Bolivia a renovar sus contratos ajustándolos a cambios, entre los que destaca la incorporación de un impuesto a la producción, no deducible, del 32%, adicional a una regalía existente del 18%.

El gobierno de Mesa -que quería que el impuesto del 32% fuera acreditable a gastos- y las empresas han advertido que el cambio legal ahuyentará las inversiones y pondrá en peligro el aprovechamiento de las enormes reservas de gas natural del país, de más de 53 billones de pies cúbicos. Sindicatos, organizaciones campesinas y el MAS demandan la nacionalización petrolera o el cobro de una regalía única de 50% sobre el valor de la producción petrolera. Bolivia nacionalizó sus hidrocarburos en 1935 y 1969, pero desde 1997, cuando entró en vigencia un modelo privatizador, la empresa estatal Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos (YPFB) ha abandonado las actividades de exploración y producción, que pasaron a manos de 12 petroleras extranjeras med! iante 76 contratos de operación. Entre las empresas petroleras que deberán someterse a la llamada "migración forzosa" de sus contratos figuran Repsol YPF, de España; BP, de Gran Bretaña; Petrobras, de Brasil, y Total, de Francia.