Banco Mundial: América latina tiene el peor ambiente de negocios

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Banco Mundial: América latina tiene el peor ambiente de negocios

El Banco Mundial publicó su "Informe de Desarrollo Mundial", donde considera que América Latina y Africa tienen el ambiente de negocios más complicado del mundo.
"Incertidumbre sobre la política del Gobierno" es la respuesta más frecuente entre las 30 mil empresas encuestadas por el Banco. El Banco Mundial (BM) denunció hoy que los empresarios latinoamericanos, junto a los africanos, afrontan el peor ambiente de negocios, ya que tienen que lidiar con reglamentos arbitrarios, tribunales incompetentes e incertidumbre gubernamental.

"América Latina, junto con Africa, tiene el ambiente de negocios más complicado del mundo", dijo Michael Klein, economista jefe de la Corporación Financiera Internacional, el departamento del BM que apoya al sector privado, en la presentación del "Informe de Desarrollo Mundial", elaborado por esta institución. Chile, sin embargo, es una excepción, según Francois Bourguignon, el economista jefe de la institución.

El estudio publicado hoy es su principal contribución al análisis de por qué existe pobreza y qué se puede hacer para combatirla. En la década de 1990, el BM apuntaba a la estabilidad macroeconómica, las privatizaciones y la liberalización de la economía como la varita mágica para el desarrollo, pero la experiencia de América Latina le ha hecho pensárselo de nuevo.

La mayoría de los países de la región adoptaron esa política y aún así no lograron reducir la pobreza. Klein reconoció que el ejemplo de Argentina, que en 2001 sufrió la mayor crisis de su historia reciente, demuestra "que no se ha prestado suficiente atención, incluidos nosotros, a las reformas microeconómicas", es decir, las que afectan al empresario en el día a día.

El informe del BM es un intento de corregir ese fallo con una disección del ambiente de inversión en las naciones en desarrollo. El retrato que pinta es de unas empresas, especialmente las pequeñas, empeñadas en una carrera de obstáculos superfluos que les impiden expandirse y crear empleos.

El documento coloca la mayor parte de la culpa en el estado, tanto por acción, como requerir innumerables trámites burocráticos, como por omisión, por deficiencias en el combate contra el crimen y la corrupción, por ejemplo. La mayor preocupación del sector privado en países en desarrollo es la incertidumbre sobre la política del Gobierno, según encuestas realizadas a 30.000 empresas en 53 países.

"Las empresas no saben lo que el gobierno hará", explicó Warrick Smith, el autor principal del informe, y la posibilidad de cambios radicales en sus políticas, como los que a su juicio han sucedido en América Latina, añaden riesgo a las inversiones. No es sólo cuestión de la posible aprobación de leyes perjudiciales, sino cómo las propias normas serán aplicadas.

Por ejemplo, casi un 90 por ciento de las compañías guatemaltecas creen que la interpretación de las reglas por parte del estado y los tribunales no es predecible, de acuerdo al informe. El espacio para la arbitrariedad perjudica especialmente a los pequeños empresarios, ya que los grandes tienen acceso a los círculos políticos, según el informe.

Los canales informales de influencia siguen siendo el camino para conseguir medrar en los países pobres. Así, la mayoría de las compañías que participaron en las encuestas reconocen haber pagado sobornos a funcionarios. En América Latina ese porcentaje es del 69 por ciento, uno de los mayores del mundo. En Nicaragua, por ejemplo, el coste de las coimas o sobornos supera el seis por ciento de las ventas de las empresas.

Otro coste extraordinario para el sector privado es el crimen, que en Colombia y El Salvador alcanza casi el 25 por ciento del Producto Interno Bruto (PIB). La falta de crédito y las deficiencias en la infraestructura también son una carga para las empresas, pero la solución es estimular la competencia en el sector privado y no una mayor intervención del estado en la economía, según el Banco Mundial.

"Los mercados financieros han sido reprimidos y distorsionados por propiedades estatales, monopolios, crédito dirigido o subsidiado y otras políticas que responden a los intereses de corto plazo de los políticos y grupos favorecidos", denuncia el informe. Lo mismo ocurre con las inversiones en infraestructura, que las agencias del estado realizan no en base a la necesidad, sino con intereses políticos, según el documento